Segundo texto de la corrupción política: La corrupción en la democracia.

A la vista de la corrupción que ahora invade las democracias pluralistas, es necesario buscar los remedios para la corrupción.

Uno de los remedios muy discutido en la actualidad es que hay que reducir la intervención de los poderes públicos, hay que desregularizar, hay que sustituir el estado del bienestar por un Estado mínimo.

El campo de las decisiones políticas-administrativas, al ser más pequeño, se prestaría menos a los intercambios entre corruptores y corrompidos. Piensan estos autores que conforme el Estado asuma más tareas y maneje más dinero, aumentará la posibilidad de corrupción.

Otro remedio urgente para España sería la limitación por ley de los gastos electorales.

En las campañas electorales se invierten miles de millones, unas sumas desorbitadas que llegan a los partidos por caminos oscuros de donantes no precisamente desinteresados. La factura se pasa luego por el supuesto benefactor, en el momento de decidir algo que le afecte. Se cobran principal e intereses. La corrupción es tremenda.

El principal argumento esgrimido, en España, al comienzo de la transición en favor de la financiación pública fue que la debilidad económica de los partidos podría hacer a sus dirigentes y cuadros más proclives a la corrupción.Pero la financiación de los partidos a través del presupuesto estatal, tampoco ha frenado esta corrupción.Hoy, sin embargo, podemos afirmar que el monto de la financiación ilegal de los partidos únicamente puede inferirse a través de la diferencia existente entre sus ingresos públicamente declarados (subvenciones presupuestarias, cuotas de afiliados, donativos y créditos bancarios) y sus gastos reales.

Pues bien, algunos cálculos realizados en Italia sitúan las cantidades defraudadas anualmente por los partidos antes de 1993 en la astronómica cifra de los cinco billones de liras.

Con lo que al final tenemos que, de un lado, la multimillonaria financiación con fondos presupuestarios ha transformado a los partidos en anexos de la Administración. De otro, sin embargo, esa instalación institucional lo que ha creado es un ámbito de impunidad para sus extralimitaciones, porque la circunstancia de que la Constitución haya confiado a los partidos la gobernación del sistema les permite patrimonializar el Estado en su propio beneficio y colocarse al margen o por encima de las leyes.